Existe una abundante y heterogénea literatura sobre la problemática general del
desarrollo científico y tecnológico de América Latina.
Desafortunadamente se observa una escasez de estudios empíricos (y de información primaria); la información y documentación estadística suele ser deficiente (inadecuada para formular esquemas o interpretaciones teóricas o para la elaboración de políticas). Recientemente se han incrementado los estudios sobre la historia de la ciencia y la tecnología (abarcando las épocas precolombina, colonial, e independiente, especialmente el siglo diecinueve), aunque desde perspectivas teóricas específicas (difíciles de articular con enfoques teóricos más generales). Afortunadamente, los estudios empíricos sobre la economía de la innovación y el cambio tecnológico han sido más numerosos y sistemáticos (particularmente en los tres países grandes de la región); a éstos antecedieron en los años ‘70 unos pocos estudios valiosos sobre transferencia de tecnología, y recientemente algunos estudios, casi siempre poco originales, sobre gestión tecnológica. Los estudios sobre política científica y tecnológica, salvo un puñado de honorables excepciones, en general han sido especulativos, simplistas e imitativos de enfoques surgidos en países industrializados. Finalmente, existe una frondosa y mayoritaria literatura sobre aspectos tanto generales (estrategias, estructuras, instituciones, políticas) como particulares (organizativos, financieros, académicos), en forma de ensayos (descriptivos), casi siempre con planteamientos normativos (sugiriendo políticas o decisiones), frecuentemente imitando mecánicamente algún modelo institucional extranjero y, sobre todo, con la característica común de ser simplistas, suprahistóricos y a-teóricos.
Durante los últimos veinticinco años, casi todos los países de América Latina han formulado estrategias, políticas, planes y proyectos de desarrollo científico y tecnológico, en general en forma incipiente, incompleta y alejada de las esferas de poder político y de toma de decisiones, a excepción del Brasil y, por períodos fugaces, otros países (México, Colombia, Venezuela). Algunos de esos esfuerzos han tenido un relativo éxito a nivel sectorial: agricultura, salud, energía, industria.
Adicionalmente, los presupuestos del sector público y de las universidades, la infraestructura, las estrategias, la capacidad de gestión, y el personal científico y técnico no se han correspondido con la calidad y cantidad que demandaría una articulación con el sector productivo y una mayor adecuación a las demandas sociales.
A partir de 1962, pero más particularmente en el curso de los últimos veinte años, diversos países de la región han recurrido a la cooperación financiera multilateral y han formulado proyectos de inversión en ciencia y tecnología. Los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, en menor medida, del Banco Mundial han tenido una profunda influencia en el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas en un buen número de países latinoamericanos.
En términos generales, el gasto en investigación científica y tecnológica en relación al producto bruto interno (PBI) continúa siendo modesto en América Latina. En casi todos los países de la región dicha relación es alrededor del 0,3% y normalmente bastante menor, a excepción de Brasil, con tasas mayores al 0,4% (aunque en todos los casos, muy por debajo de la de los países desarrollados, de cinco a diez veces mayores).
Resulta part i c u l a rmente interesante analizar la evolución de la infraestru c t u r a institucional para la investigación científica y tecnológica en América Latina. Los resultados de una investigación reciente (del autor) muestran los efectos de la política para la ciencia, la política de oferta, impulsada en los años ‘50 y ‘60, y que alcanza su auge en la década del ‘70. En la década del ‘70 se creó casi el 40% de los centros de investigación científica y tecnológica existentes en América Latina, lo cual representa una suma mayor que todos los que se crearon antes del año 1965. En el conjunto de las décadas del ‘60 y ‘70 se estableció el 55% de los centros de investigación científica y tecnológica existentes en la región, casi todos ellos en la órbita del estado.
Principalmente a consecuencia de la llamada “crisis de la deuda” en los países latinoamericanos, en la década de los ‘80 la creación de centros de investigación cayó abruptamente (43% del número de centros establecidos en los ‘70) y en los primeros siete años de la década del ‘90 escasamente se estableció el 4% de esa cantidad, aproximadamente veinte centros de investigación científica y tecnológica en toda América Latina y el Caribe. Esta tendencia parecería confirmar la declinación en la institucionalización gubernativa, la contracción del estado.
Las reducciones presupuestarias en las universidades han tenido como efecto reducir su crecimiento institucional y, algunas veces, han significado la contracción de sus actividades, tanto de docencia como de investigación. En ocasiones la recesión económica y la inflación han agravado esta situación. No ha sido raro observar el virtual vaciamiento de instituciones de investigación y académicas en la región. En numerosos centros de investigación científica y tecnológica de todos los países de América Latina se han observado algunos de los efectos siguientes:
i. Pérdida del capital humano: emigración del personal más calificado (investigadores y profesores), tanto al sector privado como al exterior, como consecuencia de la reducción de los salarios reales.
ii. Deterioro y obsolescencia del capital físico: cancelación de la reposición de equipamiento; disminución drástica del mantenimiento de maquinaria, equipo e instrumental, y de la infraestructura física; postergación de proyectos, equipamientos e instalaciones ya programados, etc.
iii. Contracción de las actividades: reducción o eliminación de cursos, programas y unidades académicas.
iv. R e c o rtes en el presupuesto de operación: intercambios académicos, reposición de hardware y software, compra de publicaciones, materiales, etc.
v. Introducción de medidas para aumentar la productividad: venta de servicios y búsqueda de recursos extra-presupuestarios, con el riesgo de desvirtuar la naturaleza de los centros de investigación y paulatinamente transformarlos en centros de prestación de servicios.
En vista de que el cierre de instituciones de investigación puede tener altos costos políticos, aquellas pueden quedar marginadas y sufrir una descapitalización, que, por un lado, afecte su desempeño y, por otro, degrade su legitimidad social.
En adición al deterioro sufrido por universidades y centros de investigación, los i n v e s t i g a d o res se han enfrentado a la competencia por recursos (escasos) de generaciones recientes de docentes universitarios que han accedido a empleos de tiempo completo y una estabilidad laboral, pero que no investigan (véase Vessuri, 1994: 69).
Ante restricciones fiscales generalizadas, los países de la región han visto disminuir los resupuestos destinados a la educación superior, en especial los gastos por estudiante.
Pero al problema de los menores gastos por estudiante hay que agregar el uso ineficiente de los recursos. En varios países latinoamericanos los costos por estudiante en las universidades públicas son siete veces mayores que en las privadas (principalmente debido a las tradicionales e insólitas tasas de repetición y deserción). Adicionalmente, al aumento sostenido de la matrícula y el deterioro de la calidad de la enseñanza y la investigación parecería sumarse el desempleo de ciertos segmentos de egresados (naturalmente, el relativo deterioro de las normas académicas de la enseñanza primaria y secundaria incide negativamente en el nivel superior).
Por otra parte, quizás convenga tener presente que, aunque incrementar la
productividad de las actividades agrícolas siempre fue una prioridad de la investigación
tecnológica agrícola, apoyar a la industria local para elevar sus niveles de productividad
y de competitividad internacional nunca fue una prioridad de la investigación tecnológica
industrial.
Actualmente ocurre un proceso de acelerados cambios tecnológicos, con el
consecuente surgimiento de nuevas formas organizativas y la redefinición de los espacios
de competitividad de las empresas. Los países de América Latina enfrentan el desafío de:
i. La difusión de tecnologías electrónicas (información y telecomunicaciones),
un fenómeno tanto cultural como tecnológico;
ii. La aparición en el mercado de nuevos materiales y productos de consumo
masivo;
iii. Nuevas tecnologías de procesos utilizadas para la fabricación de bienes
tradicionales;
iv. El surgimiento y sistematización de tecnologías (alternativas) de
organización de la producción (producción flexible, producción orientada a
segmentos específicos de la demanda -toyotismo-, etc.);
v. La concentración de la innovación tecnológica en empre s a s
transnacionales.
En los años recientes algunos países de la región han tratado de enfrentar algunos de
estos desafíos formulando políticas industriales y tecnológicas basadas en el supuesto de
que, en el llamado proceso de globalización, la tecnología ha asumido un carácter global,
y que puede ser adquirida internacionalmente bajo las condiciones del mercado. Desde
esa perspectiva, la competitividad del sector productivo aumentaría por medio de la
implantación de políticas tanto para incrementar la productividad y el nivel de calidad de
la producción de las empresas, como para estimular la inversión extranjera directa. Las
experiencias recientes parecen enfatizar que el meollo del problema no reside en la
cantidad de tecnología adquirida en el mercado internacional sino en la forma en que la
tecnología es adquirida y asimilada por el aparato productivo local.
